Mendoza busca aplicar la extinción de dominio

Alfredo Cornejo anunció el envío a la Legislatura de dos proyectos que tienen como fin enajenar bienes en causas originadas en delitos bajo la órbita de la Justicia provincial.

El Gobierno de Mendoza se convirtió ayer en el primer distrito en avanzar con una ley propia para implementar la extinción de dominio en el ámbito de la Justicia local, tras el polémico DNU de Mauricio Macri en idéntico sentido, y se sumará a Santa Fe y a Entre Ríos que ya la venían aplicando antes de que la Nación avanzara con esa decisión por la vía del decreto que ayer ingresó a la Cámara de Diputados, donde fue girado a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo.

La normativa mendocina es retroactiva para hechos ocurridos hasta hace 20 años atrás y sólo se aplicará a casos que investiga la Justicia provincial.

“No se trata de una adhesión al decreto. En el caso de Mendoza, será un proyecto de ley el que modificará el Código Procesal Civil de la provincia para aplicar la extinción de dominio en el ámbito de la Justicia provincial, mientras que el DNU del Gobierno modificará el Código Civil Nacional abarcando sólo a los delitos federales”, diferenció el gobernador radical Alfredo Cornejo al formalizar, junto al ministro de Gobierno, Lisandro Nieri, el Proyecto de Ley Régimen Procesal de la Acción Civil de Extinción de Dominio.

El mandatario explicó que tras la entrada en vigencia de las modificaciones al Código Civil Nacional, “las provincias debemos ajustar los códigos de procedimientos a los efectos de hacer práctico el decomiso o la incautación de esos bienes provenientes de la corrupción”.

Nieri, por su parte, señaló que la iniciativa “apunta a que los bienes de origen ilícito puedan ser devueltos al Estado. Y estamos incorporando que se asignen esos bienes a la construcción y reparación de escuelas. Para ello se constituirá un fondo de garantía”.

El proyecto mendocino contempla que todos los bienes incautados vayan a un fondo especial, con asignación específica, destinado a la construcción y reparación de escuelas.

Entre las causas abiertas más emblemáticas de la provincia, figura el caso de la líder de la Tupac Amaru en Mendoza, Nélida Rojas, quien está siendo investigada por presuntos delitos de corrupción en la construcción de casas con fondos que provenían de los planes de vivienda nacionales.

El Ministerio Público Fiscal deberá realizar un relevamiento exhaustivo de las causas penales en trámite dentro de los 30 días a partir de la entrada en vigencia del proyecto de ley. Además, será el organismo a cargo de solicitar la herramienta legal con la que se buscará subastar los bienes provenientes de la corrupción y del delito en general.

En tanto, el fiscal establecerá una medida cautelar con la que se dará inicio a la demanda y el juez es quien podrá pedir la venta en subasta. Lo que se deduzca de la venta ingresará a rentas generales de la provincia para ser destinados a la construcción y reparación de escuelas públicas.

No se creará una fiscalía especial, sino que se le dará poder de acción a los fiscales civiles, que van a tener una conexión inmediata con los fiscales penales

En tanto, en la provincia de Chubut el bloque de legisladores de Cambiemos también presentó un proyecto de ley para implementar en ese distrito la extinción de dominio a partir de la creación, dentro del Ministerio Público Fiscal, la Oficina Fiscal de Extinción de Dominio a favor del Estado Provincial.

La iniciativa fue impulsada por los diputados Jacqueline Caminoa, Eduardo Conde y Manuel Pagliaroni y entre los fundamentos sostienen que “la sentencia que haga lugar a la acción de extinción de dominio ordenará la subasta de los bienes y, una vez deducidos los gastos incurridos para su localización y secuestro, administración y mantenimiento y demás costos procesales, su producido ingresará a Rentas Generales de la Provincia”.

El procedimiento de extinción de dominio tiene antecedente en Santa Fe y Entre Ríos, que lo aplican desde hace al menos dos años en diferentes tipos de delitos, y en la provincia de Buenos Aires, que ajustó la normativa local para enajenar y destinar a la fuerza policial vehículos secuestrados en causas penales que se investigan y juzgan en los tribunales locales.

La primera en ponerlo en práctica fue Santa Fe en 2016. “Fue un procedimiento inédito en el país”, explicó Matías Figueroa Escauriza, secretario provincial de Gestión Pública y titular de la agencia de bienes.


Fuente: Ámbito

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