Este martes el intendente Jorge Capitanich se reunió con los ministros Carlos Barsesa (Seguridad Pública) y Martín Nievas (Gobierno) junto con quienes analizó la aplicación de este instrumento.
“La iniciativa fue tomada por la Jueza con vistas a la necesidad de abordar la problemática para optimizar el funcionamiento de los distintos sectores a la hora de tratar este tipo de situaciones. Estamos a la espera de que la legislatura apruebe o resuelva el proyecto que se elevó desde el Poder Ejecutivo y no ha sido tratado aún”, dijo Barsesa.
El funcionario explicó que el objetivo no es coartar el derecho a la protesta, sino permitir la manifestación pacífica resguardando el derecho de la ciudadanía a transitar, trabajar, etc. “Hemos abordado dos situaciones que se dieron, en el Municipio y el Domo del Centenario, de ocupación de la Secretaría de Economía, en clara contravención. Estuvimos abordando la mejor forma de trabajar en este sentido, para resguardar además, la seguridad de los empleados, funcionarios municipales y el propio contribuyente que acude al edificio municipal, entre otros”, aseguró.
Por último señaló la necesidad de un proceso ordenado que permita que el Estado reciba el reclamo, brinde una respuesta y los cortes sean levantados reanudándose el tránsito vehicular, pudiendo quedarse en las veredas. “Termina siendo contraproducente para todos, tenemos problemas con las ambulancias y la asistencia cada vez que se produce un corte”, finalizó.
De la reunión también tomaron parte la jueza provincial de Faltas, Marcela Cortés; el jefe de la Policía del Chaco, Ariel Acuña; y el titular de la Policía Municipal de Resistencia, José Luis Benítez.
“Mecanismo de diálogo permanente”
“Lo que buscamos es establecer un mecanismo de diálogo permanente y de consulta de manera de que se vena garantizados los derechos de todos los ciudadanos”, explicó el jefe comunal.
El protocolo que está en análisis establece distintos pasos de procedimiento en casos de manifestaciones públicas: garantizar el diálogo, asegurar la visibilidad del reclamo, establecer libre circulación en las calles y negociación permanente.
“Nuestro objetivo es avanzar con una regulación del uso del espacio público que garantice el derecho a la manifestación pública, pero que no perjudique derechos de terceros”, subrayó el intendente.
Al respecto, mencionó que se busca establecer mecanismos de visibilización de los reclamos callejeros más teniendo en cuenta el escenario de crisis económica y social que atraviesa el país.
“Consideramos que ante este desastre macroeconómico, político y social a causa del gobierno del macrismo, de extrema pobreza y exclusión, la ventanilla para las quejas no son ni el municipio ni el Gobierno de la Provincia”, señaló Capitanich.
El jefe comunal indicó que se hará hincapié en la transparencia del proceso de petición ante los poderes públicos por parte de los manifestantes de manera de incrementar la legitimidad social de los reclamos.
“Entendemos que existe legitimidad en las protestas sociales más ante este cuadro de crisis, pero también es necesario resguardarlos derechos de los demás”, puntualizó.
El intendente también hizo referencia a aquellos casos en los que además de entorpecimiento de la libre circulación en la calle se suma la toma de edificios públicos o violencia física o verbal contra personas.
“Ese tipo de casos ya no implican únicamente una contravención sino que se convierte en un delito por lo que este protocolo que buscamos trabajar más que nada de manera preventiva”, agregó.
Y señaló que lo que se pretende es existan garantías para el desarrollo de cualquier protesta social, pero tendiendo siempre al ordenamiento del uso del espacio público, con caminos alternativos de circulación y visibilización del reclamo.
“Formamos parte de una sociedad democrática, con orden jurídico y político, en la que es necesario atender las demandas ciudadanas de modo razonable”, finalizó.
Fuente: Chaco Día Por Día
