La Justicia confirmó la vigencia de la ley y otorgó un plazo hasta mañana a las 9:30 para que el Ejecutivo comience a transferir los fondos. La medida impacta directamente en la recomposición de salarios docentes y becas estudiantiles.
El escenario para el Gobierno nacional se volvió crítico en las últimas horas. Tras los rechazos en primera y segunda instancia, la Cámara Contencioso Administrativo Federal ratificó la validez de la Ley de Financiamiento Universitario. Ahora, la administración de Javier Milei deberá afrontar un costo estimado de 2,5 billones de pesos, lo que según fuentes oficiales, marcaría el fin del superávit fiscal.
Desde la Casa Rosada admitieron que, aunque apelarán ante la Corte Suprema, las probabilidades de frenar el pago son mínimas. «Hoy en día no tenemos la plata, habrá que ver cómo se redistribuyen las partidas», indicaron fuentes del Ejecutivo. La medida cautelar exige el cumplimiento inmediato de los artículos que refieren a la actualización salarial para personal docente y no docente.
Según datos del CIN, la pérdida del poder adquisitivo en el sector universitario alcanzó el 32% desde finales de 2023. Los salarios acumulan un incremento del 158%, quedando muy por debajo de la inflación del 280% registrada en el mismo período. Esta situación había puesto a universidades como la UNNE en un estado de alerta permanente por la falta de recursos operativos.
El fallo también obliga a la recomposición urgente de los programas de becas estudiantiles, un alivio esperado por miles de alumnos en todo el Chaco. A pesar de la resistencia del secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, el Ejecutivo deberá iniciar las transferencias este viernes para evitar mayores sanciones judiciales.
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