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Equipo Fiscal Especial investigará eventuales responsabilidades de magistrados a partir de declaraciones del gobernador

La Procuración General informó que conformó un equipo fiscal especial a los fines de la investigación penal preparatoria, en el marco del procedimiento de investigación jurisdiccional para determinar las eventuales responsabilidades de los magistrados involucrados por el gobernador Jorge Capitanich, en sus declaraciones, durante la conferencia de prensa que dio en la mañana del 18 de diciembre.

“Tal lo reflejado por la resolución 222/19 de la Procuración General, con fecha 19 de diciembre de 2019, la investigación quedó a cargo de los fiscales Graciela Griffith Barreto, María Nélida Villalba y Lucio Gonzalo Otero”, se señaló.

Reacción del Colegio de Abogados de Resistencia

La entidad que nuclea a letrados capitalinos, también emitió un comunicado al respecto.

“A raíz de las recientes declaraciones del gobernador de la Provincia del Chaco, respecto que hay “connivencia de cuadros judiciales con estudios jurídicos”, cuestionando además los “jugosos honorarios de abogados en contra del Estado Provincial”, la Comisión Directiva del Colegio de Abogados y Procuradores de Resistencia manifiesta su profunda preocupación sobre lo afirmado por el primer mandatario, que una vez más mancha innecesariamente a los abogados que ejercen dignamente su profesión.

Ello por cuanto al afirmar – sin identificar a quién se refiere – que existe connivencia de la Justicia con estudios jurídicos, ubica a todos los abogados que ejercen la profesión, en tela de juicio, con un manto de sospecha, que ensucia y enloda a los profesionales del derecho.

Si existe una “Connivencia de fallos judiciales con estudios de abogados” tal lo afirmado por el Gobernador, en su rol de funcionario público debe realizar la correspondiente denuncia, con detalle de los procesos que se trata, identificando a quién considera que resulte responsable, sin tirar ante la sociedad un manto de duda sobre el accionar de todos los abogados que litigan contra el Estado y de magistrados que son llamados a dictar sentencias en dichas causas, o en todo caso, ser citado por las Fiscalías de Investigación para que brinde las presiciones sobre tan grave denuncia.

Desde la entidad que preside el doctor Amilcar Aguirre se precisó que quienes tienen conocimiento de la existencia de estos delitos son quienes deben poner en conocimiento de la Justicia estas circunstancias, que por vagas e imprecisas, ponen a todos los abogados y magistrados en un enfrentamiento inútil con la sociedad, cuando en realidad son los que velan por el respeto de todos y cada uno de los derechos constitucionales de los ciudadanos”.

El respeto a la Ley y a la Constitución, es la regla en la que deben vivir los abogados y ejercer su ministerio, siendo los honorarios que perciben la justa retribución por la tarea cumplida, los que se encuentran establecidos por Ley, y a la que los magistrados deben respetar ya que se trata del medio de vida del profesional”.

Finalmente recuerdan desde el Colegio de Abogados que “el gobernador debe ser conciente que por la importancia del cargo que ocupa, por la trascendencia de sus manifestaciones, no puede realizar afirmaciones sin denunciar a la justicia los hechos que serían de su conocimiento, que de no hacerlo una vez más vemos como se trata de afirmaciones que causan un gran daño a quienes ejercen dignamente su profesión”, concluye el comunicado.

Chaco Día Por Día

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