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EL GOBIERNO PROVINCIAL REPUDIA LAS AGRESIONES AL JUEZ JUAN PABLO LUBARY

Ocurrió el viernes al mediodía cuando el magistrado debía resolver la situación procesal de un adolescente implicado en un delito. La Policía del Chaco intervino para evitar la agresión.

El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, repudió los hechos de violencia que derivaron en una agresión al juez Juan Pablo Lubary, quien fue amenazado por un grupo de personas tras negarse a otorgar la libertad inmediata a un menor de edad imputado y detenido por un robo a mano armada.

“No vamos a tolerar que un grupo de personas presionen y agredan a un juez. La Justicia trabaja en resolver la situación del menor con los plazos establecidos, respetando la normativa y garantizando derechos. Por lo que repudiamos todo tipo de acto de violencia, sobre todo teniendo en cuenta de que hay autoridad judicial interviniendo y que esa autoridad judicial está realizando su trabajo”, advirtió la ministra de Seguridad y Justicia, Gloria Zalazar.

El viernes al mediodía en la capital chaqueña, un grupo de 20 personas llevó adelante una manifestación en el edificio del Fuero de Niñez, Adolescencia y Familia Nº 3, a cargo de Juan Pablo Lubary. Quien, a instancias de retirarse del juzgado, fue abordado por los manifestantes, que reclamaban por la libertad de un adolescente menor de edad implicado en una causa por robo a mano armada.

Ante la solicitud del juez de que se retiren del lugar y, esperen a que la Justicia determine la situación procesal del menor en cuestión, este grupo de personas agredió al magistrado debiendo intervenir el personal de la Policía del Chaco para resguardar su integridad física.

Asimismo, desde el Ministerio y la Justicia destacaron el accionar del personal policial que procedió correctamente para evitar una situación de violencia y preservar la seguridad de todas las personas presentes.

Paralelamente, la Policía trabaja junto a la Justicia para identificar a las personas que agredieron al juez, quien realizará las denuncias correspondientes para determinar las responsabilidades de los agresores.

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