Un hombre y su hija iniciaron una demanda laboral contra la Fundación Ciudad Limpia y su presidente. Aseguran que trabajaron durante varios años sin registración en la Casa Garrahan de Resistencia y que cobraban salarios por debajo del convenio. El expediente tramita en el Juzgado Laboral N.º 2.
Una demanda laboral presentada en Resistencia involucra a la Fundación Ciudad Limpia y a su presidente, Carlos Enrique Alabe, por presuntas irregularidades en la contratación de dos trabajadores que se desempeñaban en la denominada Casa Garrahan.
Los demandantes son Rubén Arévalo, de 59 años, y su hija Ileana Daniela. Ambos sostienen que trabajaron durante varios años sin registración laboral, percibieron remuneraciones inferiores a las escalas de convenio y fueron desvinculados sin recibir las indemnizaciones correspondientes.
Según publicó LITIGIO, el reclamo asciende a poco más de $41,5 millones. La presentación solicita que la fundación y su presidente sean condenados solidariamente al pago de los distintos conceptos reclamados.
El expediente se encuentra en trámite ante el Juzgado Laboral N.º 2 de Resistencia.
Cinco años de trabajo y salarios denunciados
De acuerdo con el relato incorporado a la demanda, Rubén Arévalo comenzó a trabajar el 1 de octubre de 2019, mientras que su hija ingresó el 20 de julio de 2020.
Ambos habrían prestado servicios en el establecimiento ubicado en Capitán Giachino 1722, donde funciona la Fundación Ciudad Limpia, conocida como Casa Garrahan.
Rubén asegura que realizaba tareas de chofer, selección de materiales para reciclado y vigilancia del predio. Según su presentación, trabajaba de lunes a jueves de 14 a 20 y los viernes hasta las 18.
Por esas funciones, afirma que percibía $200.000 mensuales, sin registración laboral.
Su hija, en tanto, habría realizado tareas de limpieza, cocina y administración. Cumplía horarios de lunes a sábado, de 6 a 14, y cobraba $100.000 mensuales, también sin estar registrada.
Los trabajadores sostienen que las instrucciones eran impartidas por Alabe y que los pagos se realizaban algunas veces en efectivo y otras mediante transferencias bancarias.
Reclamos laborales y una desvinculación conflictiva
La demanda señala que ambos trabajadores solicitaron reiteradamente que se regularizara su situación laboral y que sus salarios se adecuaran a los valores establecidos por convenio.
Sin embargo, aseguran que esos reclamos no tuvieron respuesta favorable y que el vínculo laboral se deterioró progresivamente.
En ese sentido, la presentación judicial describe situaciones de malos tratos, gritos y reproches durante los últimos meses de trabajo.
Uno de los fragmentos del escrito sostiene:
«En los últimos tiempos de la relación el clima laboral no era el mejor dado que los actores y sus demás compañeros que estaban en idénticas o similares situaciones, nunca dejaron de solicitar su registración y el pago de salarios de convenio».
Según la reconstrucción de los demandantes, la situación se profundizó después de una reunión convocada por Alabe, en la que les habría comunicado verbalmente que no había más tareas disponibles y que debían retirarse hasta recibir una nueva convocatoria.
La presentación sostiene que esa comunicación constituyó un despido verbal encubierto y que los trabajadores se retiraron sin cobrar sus haberes ni indemnizaciones.
Telegramas laborales y rechazo de Alabe
Frente a esa situación, Rubén Arévalo envió telegramas laborales el 25 de julio de 2024. Su hija realizó las intimaciones correspondientes el 9 de agosto del mismo año.
En ambos casos solicitaron el reconocimiento de las relaciones laborales y su correspondiente registración.
Según consta en el expediente, Alabe respondió mediante una carta documento fechada el 15 de agosto de 2024, en la que negó y rechazó la existencia de los vínculos laborales denunciados.
Ante esa negativa, los dos trabajadores se consideraron despedidos indirectamente.
Rubén formalizó esa decisión el 9 de agosto de 2024, mientras que Ileana lo hizo el 3 de septiembre de ese año.
Reclaman más de $41,5 millones
Para calcular los conceptos indemnizatorios, los demandantes invocaron el Convenio Colectivo de Trabajo 804/23 de la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC), con encuadramiento en la categoría Maestranza A.
La presentación sostiene que, al momento de la desvinculación, los salarios de convenio debían superar los $1,1 millones para cada trabajador.
Sobre esa base, reclamaron indemnizaciones por antigüedad, falta de preaviso, integración del mes de despido, salarios adeudados, aguinaldos, vacaciones proporcionales y diferencias salariales.
También incluyeron conceptos vinculados con la falta de entrega de certificados laborales y previsionales.
El monto total supera los $41,5 millones, discriminados de la siguiente manera:
- Rubén Arévalo: casi $20 millones.
- Ileana Daniela Arévalo: poco más de $21 millones.
Entre las pruebas ofrecidas figuran telegramas laborales, cartas documento, fotografías de los trabajadores en el establecimiento, conversaciones con Alabe y testimonios.
También solicitaron informes al Nuevo Banco del Chaco para acreditar las transferencias bancarias que, según sostienen, recibían como pago por sus tareas.
El antecedente político de Carlos Alabe
Carlos Alabe es conocido por su participación en distintas iniciativas sociales, entre ellas la Fundación Ciudad Limpia, Padres en la Ruta y la Casa Garrahan Chaco.
También tuvo participación política. En las elecciones municipales de 2023 fue candidato a intendente de Resistencia por La Libertad Avanza del Chaco.
En aquellos comicios obtuvo el 6,47% de los votos, ubicándose detrás de Roy Nikisch, Élida Cuesta y Diego Arévalo.
La demanda laboral contra la Fundación Ciudad Limpia y su presidente continúa en trámite judicial.
Por el momento, los hechos denunciados forman parte de los argumentos presentados por los trabajadores y no constituyen una sentencia judicial. La existencia de las relaciones laborales y las responsabilidades reclamadas deberán ser evaluadas en el marco de la causa.
Fuente: LITIGIO.
