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Caso “Chocolate” Rigau: los dueños de las tarjetas de débito empiezan a declarar como imputados

La fiscal los considera partícipes necesarios de una asociación ilícita que defraudó a la administración pública a gran escala usando la estructura de la Legislatura bonaerense.

Más de 30 titulares de las 48 tarjetas de débito que usaba Julio Rigau, alias “Chocolate”, fueron citados a declarar. Tres de ellos lo hacen este miércoles en el fuero penal de La Plata. Se trata de Diego Berón, María Amanda Albino y Mabel Susana Alvear, los primeros de una lista que continuará. La fiscal Betina Lacki entiende que formaron parte voluntariamente de un robo sistemático al Estado para el que son condición necesaria.

Lacki entiende que los prestanombres o ñoquis, los dueños de las tarjetas, son partícipes necesarios de estafas reiteradas y coautores del delito de asociación ilícita, una banda liderada por Claudio Albini (el subdirector de Personal de la Honorable Cámara de Diputados bonaerense) y coordinada por su hijo Facundo (exdirector de Control y Gestión en la misma área que su padre) y por Chocolate Rigau, empleado de la misma Cámara.

Los dueños de las tarjetas son empleados truchos de la Cámara de Diputados bonaerense. Personas que en distintos momentos firmaron contratos de locación de servicios allí que se renovaban cíclicamente. Su salario mensual cuando se abrió esta investigación judicial rondaba los $580.000 más aguinaldo, un dinero que no cobraban ellos, sino que pasaban a otras manos, en una rapiña de dimensiones monumentales.

Tras la firma de los contratos se abrían cuentas bancarias y se emitían tarjetas de débito que pasaban a manos de Chocolate, quien hacía las famosas extracciones rutinarias de efectivo en diversos cajeros de La Plata; esto funcionaba como un cobro de haberes falso. Finalmente, el puntero iba a la oficina de Claudio Albini (dependiente de la Secretaría Administrativa de Diputados) para rendir los millones que recaudaba en una mochila negra, como se vio en videos de muchos meses diferentes. Así surge de la investigación judicial.

Lo que sí cobraban los prestanombres por participar de este esquema era el acceso a una obra social financiada por el Estado y aportes jubilatorios. Para la fiscal, esto menoscabó seriamente a la sociedad. Accedieron a esos beneficios de forma fraudulenta, “sin haber hecho el mínimo esfuerzo, en desmedro de todos aquellos que día a día ponen el cuerpo para obtenerlo”, sostuvo en su auto de mérito. “Formaron parte de una maniobra que les redundara prestaciones sociales y jubilatorias sin esfuerzo a costa de la sociedad toda y es bajo esa luz como debe analizarse sus conductas”, consideró Lacki, que enmarcó el caso en los lineamientos de la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

Ellos se comprometieron mediante la firma de un contrato a prestar servicios a cambio de una remuneración que se extrae de los fondos públicos a los que contribuye toda la sociedad. La mayor parte iba para los jefes de la banda, pero ellos se beneficiaban con el acceso a IOMA y al Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, un sistema solidario.

La maniobra que se investiga a partir de 48 tarjetas y legajos laborales de estos empleados truchos tiene fechas extremas amplias: desde el 1° de enero de 2002 hasta al menos el 9 de septiembre de 2023, cuando cayó Chocolate. Un saqueo de más de 20 años, que es posible gracias a prestanombres.


Lo que el Estado gastó por cada dueño de tarjetas durante años en obra social y jubilación por esta maquinaria engendrada en la Legislatura se agrega a la gran estafa hecha de sueldos y aguinaldos. Se desconoce si la Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires, presentada como particular damnificado (querellante) en esta causa, hizo alguna presentación para precisar la envergadura de ese monto compuesto por los beneficios de los prestanombres.

Varios titulares de tarjetas llegaron a estar presos, pero obtuvieron una excarcelación y ésta fue confirmada por la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo penal de La Plata, por lo que no se prevén nuevos pedidos de detenciones para ellos. Sin embargo, Lacki profundiza la línea de imputación sobre ellos .

Berón y Alvear, los primeros “tarjeteros” en declarar como imputados en esta etapa, están dentro de un grupo que, tras el fallo de la Cámara Penal de La Plata que dispuso la libertad de Rigau vaciaron sus cuentas (mediante compras, extracciones o débitos bancarios). Esto fue interpretado por los investigadores como el cumplimiento de una orden para desdibujar la maniobra histórica de la que eran parte: dejar que otros cobraran los salarios de los contratos espurios. Entorpecer la investigación.

Ningún prestanombre de esta historia reclamó su tarjeta cuando cayó preso Chocolate. Muchos vaciaron sus cuentas ayudando a los jefes de la banda a borronear la maniobra. Y varios se presentaron como testigos y mintieron.

Chocolate cayó con 48 tarjetas y su celular. Esto arrastró a sus jefes, que se entregaron después de las elecciones, sin sus teléfonos, y nunca hablaron. El teléfono del puntero estaba lleno de fotos de tickets de cajero automático de las tarjetas secuestradas, fotos de recibos de sueldos de la Cámara de Diputados, fotos de carnets de IOMA y fotos de DNI.

También había mensajes de voz donde se plasmaba el vínculo de Rigau con los dueños de las tarjetas, su rol en la maniobra y su relación subalterna a Facundo y a Claudio Albini. Es a él a quien le rendía la plata.

Fuente: TN

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